La Cámara de Representantes de EE.UU. le ha puesto asteriscos a la normalización con Cuba. Sus miembros aprobaron en la primera quincena de este mes varias leyes de financiamiento para departamentos y agencias federales que incluyen secciones con límites a las iniciativas de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba.
Javier Ortiz
Mariátegui
25/06/15
Esas legislaciones aún no han entrado en vigor, pues requieren el visto bueno del Senado y la firma del Presidente antes de convertirse en amenazas efectivas para el nuevo escenario de las relaciones bilaterales, que podrían estar a punto de alcanzar un nuevo nivel, ante las señales de un inminente restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
Esta semana la gencia Reuters reveló, mediante “fuentes cercanas al tema” que el gobierno de Obama podría anunciar a principios de julio la decisión de abrir embajadas, para lo cual el Departamento de Estado debe notificar la medida ante el Congreso con un mínimo de quince días. Es decir, ya.
La apertura de embajadas ha tenido como prólogo simbólico el enclave o la restauración de los mástiles de las banderas en los edificios que ocupan tanto en Washington como en La Habana las actuales Oficinas de Intereses de ambos países, a la espera de poder izar las enseñas.
Las fuentes de Reuters aseguraron que todos los preparativos ahora dependen bastante de la recuperación de John Kerry, a quien ya se le ha visto andar en muletas, luego de haber sufrido una rotura de fémur días atrás.
El Secretario de Estado visitaría La Habana, tal como había prometido en las fechas cercanas al 17D, con el propósito de dejar instalada la embajada de su país en Cuba.
Mientras se dan estas señales la U.S. House of Representatives (Cámara) se enfocó días atrás en la privación de fondos para el establecimiento de una sede diplomática en La Habana, ausentes en los presupuestos del Departamento de Estado.
Otra provisión incluida en el proyecto de financiamiento para el Servicio de Impuestos Internos prohibiría los viajes a Cuba para intercambios educativos, a menos que incluyan estudios académicos para un programa de grado. También pretenden impedir la importación de bienes producidos en propiedades confiscadas a ciudadanos estadounidenses por el gobierno de Fidel Castro, en referencia a las nacionalizaciones ocurridas en 1961.
Otra de las impedimentas se coló en la Ley de gastos del Departamento de Justicia y Comercio, que bloquea posibles exportaciones a miembros del ejército cubano, de los servicios de inteligencia y familiares de integrantes de ambos cuerpos.
Sam Farr, congresista demócrata por California, pidió reformar la cláusula. En su opinión, el lenguaje del proyecto podría aplicarse con un rango tan amplio que contraería el comercio con la isla, reportó The Hill, un diario dedicado a informar sobre el día a día del Congreso norteamericano.
A favor de mantener el texto tal como estaba votaron 273 representantes y 153 se opusieron. Dos congresistas cubanoamericanos de La Florida, los republicanos David Curbelo y Mario Díaz-Balart, defendieron la versión original ante las críticas de Farr.
“Lastima a los negocios estadounidenses y hiere a los cubanos. Dejemos de vivir en el pasado” dijo el legislador demócrata de California.
Pero el futuro de estas leyes ya está determinado. Todavía deben ser votadas por el Senado. Si recibieran la aprobación de la Cámara Alta, entonces serían enviadas al buró presidencial del Despacho Oval de la Casa Blanca, donde Obama prometió hacer uso de su poder de veto.
La actual administración tiene muchos motivos para convertir todas esas legislaciones en letra muerta. No solo interfieren en su visión sobre la normalización con Cuba, sino que contradicen buena parte de su agenda política.
El director de presupuesto de la Casa Blanca, Shaun Donovan, envió una carta al Comité de Asignaciones de la Cámara, detallando en tres páginas cómo la ley de financiamiento al Departamento de Estado ponía en peligro la correcta ejecución de la política exterior de su país. Cuba es solo mencionada por las provisiones relacionadas con el centro de detención en la Base Naval de Guantánamo.
Si esa ley de gastos llegase a entrar en vigor, el secretario de Estado John Kerry estaría obligado a negarle visas a militares cubanos o miembros del Partido Comunista de Cuba. Josefina Vidal, jefa negociadora de La Habana en la normalización, es miembro del Comité Central de esa organización.
La Casa Blanca también emitió una declaración de seis páginas explicando por qué vetaría el presupuesto destinado al Departamento de Vivienda y Transporte, con dos secciones que buscaran evitar la autorización de nuevos vuelos o rutas de cruceros hacia Cuba, si tocasen tierra en propiedades nacionalizadas a ciudadanos estadounidenses.
Un intento de reformar esa disposición fracasó ante el voto negativo de 247 congresistas, entre ellos 26 demócratas. La oficina ejecutiva de la administración las considera restricciones innecesarias a los viajes permitidos a la isla.
Las deliberaciones de la Cámara de Representantes no le quitan el sueño a Barack Obama, quien tiene más de cuatro años de experiencia en batallas políticas contra la mayoría republicana sentada en los escaños de The House, a la que más de una vez ha mostrado la tarjeta roja del veto presidencial.
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