En 2012, Paraguay fue escenario de una restauración conservadora que eliminó un incipiente proceso de dos décadas de democracia en el país. La “Masacre de Curuguaty” evidenció la imposición violenta de intereses de las empresas multinacionales en la instalación del agronegocio y la eliminación de los derechos humanos de la población campesina.
Micaela Ryan*
Mariátegui
16/06/16
El 15 de junio de 2012 17 personas fueron asesinadas durante un operativo policial y judicial que buscaba desalojar a familias campesinas sin tierra. Estas familias ocupaban un predio en Marina Kue, en el distrito paraguayo de Curuguaty.
Tres días más tarde, la fiscalía imputó a 63 campesinos y campesinas, y posteriormente acusó a 12 de ellos de homicidio en grado de tentativa, invasión de inmueble ajeno y asociación criminal. El ensañamiento contra los campesinos se debe, entre otras cuestiones, a que seis de los 17 muertos eran policías.
Una semana más tarde, el Senado paraguayo llevó adelante un juicio político en el que aprobó la destitución del presidente constitucional, Fernando Lugo. El 22 de junio de 2012 se revocó a un presidente elegido por el pueblo, con amplio apoyo popular, en un juicio político muy irregular que duró menos de 48 horas. Lugo fue destituido por una cámara opositora, bajo la figura de “mal desempeño de funciones” y acusado por los hechos ocurridos en Curuguaty. Así, se terminaba un frágil proceso democrático, que había iniciado en 1989, tras 35 años de la dictadura de Alfredo Stroessner.
El proceso judicial a cuatro años
Actualmente, son doce los campesinos acusados de diversos crímenes, que incluye a un campesino que pasaba por el lugar y brindó asistencia a un herido. Dos menores -cuando sucedieron los hechos- forman parte de los acusados. Durante el proceso judicial, que se encuentra en su fase final, no fue investigado el accionar de ningún policía.
Sin embargo, aunque el Ministerio Público no logró establecer con claridad de dónde provinieron los disparos, decidió acusar a dos campesinos -Rubén Villalba y Luis Olmedo- como los autores materiales de las muertes de los agentes de seguridad.
En la última jornada del juicio, realizada el martes 14 de junio, el fiscal Nelson Ruiz manifestó que “el Ministerio Público logró probar que Luis Olmedo y Rubén Villalba tiraron a matar a policías desarmados”, pero omitió explicar de qué modo lo hicieron, qué armas utilizaron, y tampoco presentó pruebas que sustenten esa hipótesis.
“Queremos que se dicte una sentencia justa en estricto derecho para que a su vez pueda resultar un actor persuasivo para cualquier otro sector o grupo de campesinos que en el futuro pretendan por esta vía o medio tratar de ejercer derechos”, sentenció el fiscal Ruiz. “Una sentencia ejemplificadora para que todos los ciudadanos paraguayos puedan dimensionar no solo el daño que se genera con este tipo de conducta, sino también dimensionar hasta dónde llegan los brazos de la justicia y que nunca más se repitan estos hechos de muerte y de luto y que según sostienen algunos ciudadanos de la república por derechos reclamados”, alegó.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado varias irregularidades -que incluyen la omisión de pruebas- en la investigación penal, especialmente en la acusación fiscal y en la audiencia preliminar.
La Comisión de Familiares y Víctimas de la masacre de Curuguaty presentó el lunes 13 de junio en el Ministerio Público un pedido de investigación de la muerte de los once campesinos que fallecieron junto con los seis policías durante la masacre de 2012. Las denuncias presentadas incluyen torturas y asesinatos extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad contra los campesinos de la zona. Asimismo, pusieron sobre la mesa evidencias que demuestran que las armas de grueso calibre que causaron las muertes no fueron disparadas por los campesinos.
Martina Paredes, hermana de dos de los fallecidos en la masacre, manifestó que “la investigación y esclarecimiento de los hechos ocurridos está en manos de los tres poderes del Estado y que incluso se conoce la verdad, pero las autoridades pretenden ocultarla”. Ratificó la inocencia de los acusados señalando que “solo reclamaban la recuperación de tierras del Estado” y que no tienen responsabilidad alguna en la muerte de los policías, que “cayeron abatidos por armas de grueso calibre que no fueron disparadas por los campesinos”, afirmó.
El caso de Marina Kue dejó en evidencia una serie de irregularidades institucionales y desprotección administrativa y judicial contra los derechos humanos de los campesinos, que incluyen prácticas represivas propias de una dictadura. Los presidentes que se sucedieron luego de la destitución de Lugo representan a los partidos más conservadores -liberal radical y colorado- y la restauración de los intereses de las familias terratenientes en el poder político.
Paraguay es uno de los países con mayor desigualdad en la propiedad y tenencia de la tierra en el mundo. El censo agropecuario del año 2008 estableció que el 2,6% de los propietarios concentra el 85,5% de las tierras productivas, mientras que el 91,4% de la población campesina dispone del 6% de la superficie agrícola, en propiedades que no superan las 20 hectáreas.
El trasfondo de este caso es la imposición de un modelo económico basado en el agronegocio que necesita, como condición para existir, avanzar sobre la forma de producción campesina. El monocultivo apunta a eliminar cualquier tipo de modelo productivo que garantice la soberanía alimentaria y que diversifique la producción rural. En este caso, el Estado paraguayo funciona como garante de las empresas multinacionales que se han instalado en ese país y en toda América Latina. (http://notas.org.ar)
* @LaMicaRyan
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