Guillermo Burneo Seminario * / Mariátegui
13/05/09
“Se va a aprobar el Tratado de Libre Comercio porque eso le conviene a la política estratégica norteamericana y no sólo al Perú”, declaró Alan García en Washington, en octubre de 2006, luego de haber amenazado durante la campaña electoral, con retirar la firma del presidente Toledo de este mismo tratado. Que el TLC está preñado de asimetrías, nadie lo duda. Basta mirar la realidad económica y social de México, para deducir lo que le espera al Perú. Pero lo que no es de conocimiento público ni escrito, es que también debe existir algún tipo de acuerdo militar entre Estados Unidos y Perú, como contrapartida al TLC, que convierte a nuestro país en Plataforma Militar Multiuso para conveniencia de la “política estratégica norteamericana”, tal como lo evidencian los siguientes acontecimientos .
Cronología de autorizaciones de ingreso de militares, navíos y aviones de los Estados Unidos al Perú
Año 2006
Una vez electo presidente Alan García el 4 de junio, el Congreso de la República de ese entonces, en sesión expedita del 19 de junio de 2006, desempolvó y aprobó la solicitud de autorización del Ejercicio Combinado de Entrenamiento Conjunto y de Acción Cívica Humanitaria denominado ‘Nuevos Horizontes 2006’, pendiente desde el año 2005. En adelante, el Ejecutivo solicita con “carácter de urgencia” una seguidilla de autorizaciones de ingreso de tropas, navíos y aviones norteamericanos.
En agosto y septiembre ingresan las fragatas USS Thach FFG-43, USS Stephen Groves FFG-29 y la USS CurtsFFG-38, bajo el considerando de visita operacional y del ejercicio PASSEX. En octubre de este mismo año, a solicitud del Poder ejecutivo y con “carácter de urgencia”, el Congreso del Perú autorizó el ingreso de 7 comandos militares norteamericano para realizar un entrenamiento de despliegue Contra Narcoterrorismo (CNT-006W) con personal de la Policía Nacional del Perú. En este mismo mes, la Embajada de los Estados Unidos licita para el programa NAMRID, dos laboratorios de Bio Seguridad Nivel 3. En diciembre, se autoriza el entrenamiento de despliegue Contra Narcoterrorismo (CNT) con personal de la Infantería y Fuerzas Especiales de la Marina de Guerra.
Año 2007
Se inicia este año autorizando el ingreso de un comando para entrenamiento de despliegue Contra Narcoterrorismo (CNT-007W) para personal del Ejército y Policía nacional. También de otro comando para realizar actividades de apoyo informativo con personal de Ejército, la Marina de Guerra del Perú y la Policía Nacional del Perú. En febrero, el Ejecutivo “solicita con carácter de urgencia” a la Comisión Permanente del Congreso, dos autorizaciones de ingreso. La primera, con el objeto de autorizar el ingreso de 17 aviones de guerra ( F16, E-3A AWACS, C-130,C-17,KC-135,B-52,B-1), para el ejercicio Halcón-Cóndor 2007, que en palabras de la Ministra Consejera Phylis Powers, de la Embajada de los Estados Unidos, tiene como objeto, “fortalecer la cooperación regional, así como incrementar el aprendizaje, planificación, coordinación y ejecución de misiones similares, con el objetivo y la promesa de los Estados Unidos, de colaborar en la defensa de la región”. La segunda, para el ingreso de los navíos USS Robert Bradley (FFG-49), guardacostas “Boutwell” (WHEC-719) y “Munro”(Whec-724), para el “entrenamiento en guerra de superficie, guerra antisubmarina y aérea”, desde el 20 de Febrero hasta el 23 de Abril .
Otras autorizaciones semejantes, autorizan el ingreso de la fragata misilera Mcnerney FFG-08 (enero), guardacostas Hamilton WHEC- 715 (febrero); USS Pearl Habor LSD-52, USS Mitscher DDG-57y USS Samuel FFG-58 (julio); Halyburton FFG40 (mayo), USS McClushy FFG-41 y USS Klakring FFG42 (ambas en junio).
En mayo, nuevamente se autoriza el ingreso de personal militar de los Estados Unidos del 20 de mayo al 30 de septiembre de 2007, para realizar un Ejercicio Combinado de Entrenamiento (CNT 006/3W) con personal de las Fuerzas Armadas del Perú. Este ejercicio es el mismo que se autorizó en octubre y diciembre del 2006 y en enero del 2007, despliegue Contra Narcoterrorismo.
En el décimo mes del año se autoriza el ingreso de la USS Simpson FFG-56 y la USS Dewert FFG-45, para “afianzar los lazos de amistad y reciprocidad existentes entre la Marina de Guerra del Perú y la Marina de Guerra de los Estados Unidos de América”. En este mismo mes se autoriza el ingreso de personal militar de los Estados Unidos, del 15 de octubre de 2007 al 5 de enero de 2008, para realizar actividades militares de apoyo informativo con personal del Ejército y la Marina de Guerra del Perú. En el mismo mes, nuevamente, se autoriza la repetición del Ejercicio Combinado de Entrenamiento (CNT 006/3W), del 15 de Octubre de 2007 al 5 de enero de 2008, para el personal de la Policía Nacional del Perú.
Y para culminar el año, en diciembre se autoriza tres ingresos, mediante la Resolución Legislativa Nº 29170: para realizar el Ejercicio de Campo (FFT) y el Ejercicio de Entrenamiento Conjunto (CNT-006/4w), del 2 de enero al 30 de septiembre de 2008; y para continuar realizando actividades militares de apoyo informativo, del 6 de enero al 30 de septiembre de 2008.
Año 2008
En marzo ingresa la fragata USS Crommelin FFG-37, para Reabastecimiento de combustible y descanso de la tripulación. En abril, se amplia el Programa de actividades operacionales del año 2008 de la Marina de Guerra del Perú, autorizando el reingreso en mayo, de la Crommelin FFG-37 (dos veces el mismo mes ), USS Mcinerney FFG-8, USS McClushy FFG-41, USS Boone FFG-28, USS De Wert FFG-45 y USS Boxer LHD-4. En junio, reingresan por segunda vez la USS Mcinerney FFG-8, de la USS McClushy FFG-41, la USS Boone FFG-28 y de la USS DE Wert FFG-45. En agosto nuevamente por tercera vez reingresan la USS Mcinerney FFG-8, de la USS McClushy FFG-41, de la USS Boone FFG-28 y de la USS DE Wert FFG-45. En septiembre reingresa por cuarta vez, la USS Boone FFG-28, de la USS DE Wert FFG-45. Como parte de la operación UNITAS 2008, en junio ingresaron los destructores USS Farragut DDG-99 y USS Forrest Sherman DDG-98 y la fragata USS Kauffman FFG-59.
Año 2009
En enero de este año, para coronar la faena y con un enfoque de programa único e integrado, el gobierno aprista presidido por Alan García, dispone en única Resolución Legislativa Nº 29315, el ingreso de unidades y personal militar para Reabastecimiento de combustible y descanso de la tripulación del USS Rodney M. Davis FFG-60 (febrero, julio y diciembre); USS Underworod FFG-36 (marzo); USS Simpson FFG-56 (abril y octubre); USS Smuel B. Roberts FFG-58 (abril y julio); USS Gary FFG-51 (mayo); USS Ford FFG-54 (mayo y junio): USS Vandergrif FFG-48 (julio); USS Carr FFG-52 (agosto); USSHawes FFG-53 y crucero misilero Ticonderoga” (septiembre); USS Mcinerney FFG-8 (noviembre y diciembre).
Esta misma resolución incluye también la autorización de ingreso del personal militar de los Estados Unidos para llevar a cabo el ejercicio Equipo de Entrenamiento de Campo (FTT), (enero, mayo y septiembre) por un periodo de 150 días cada vez; los Entrenamiento de Ataque en Tierra y Operaciones Subsecuentes –LASO (marzo ) y para el Equipo de Apoyo Informativo (abril y octubre) por un periodo de 200 días cada vez.
Cambio de la legislación para facilitar el ingreso de la tropa de los Estados Unidos
Encandilado con Bush, García nos comunica que Bush es “humano y generoso” y como una muestra de su complacencia, en noviembre de 2006, modifica el Artículo 5º de la Ley Nº 27856, Ley de requisitos para la autorización y consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República. Este artículo estipulaba las consideraciones por la cuales se debía permitir el ingreso de personal militar extranjero sin armas de guerra, “por razones protocolares de asistencia cívica, actividades académicas de entrenamiento o similares”. Mediante la Ley Nº 28899 se cambió y amplió a “actividades de asistencia cívicas, de planeamientos de futuros ejercicios militares, académicas de instrucción o entrenamiento con personal de las Fuerzas Armadas Peruanas o para realizar visitas de coordinación o protocolares con autoridades militares o con el Estado peruano”.
Este mismo Artículo Nº 5 especificaba que quien autorizaba dichos ingresos era “el Presidente de la República, mediante Resolución Suprema, refrendada por el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro de Defensa y el Ministro de Relaciones Exteriores, dando cuenta a la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de La República...”. Ahora, con la modificatoria del artículo, indica que “es autorizada por el Ministro de Defensa, mediante resolución ministerial, con conocimiento del Presidente del Consejo de Ministros, quien da cuenta al Congreso de la República…” .
Es así que el Ministerio de Defensa, el 13 de mayo, autoriza el ingreso de 83 militares (sin armas), “ para participar en las distintas fases de realización del mencionado ejercicio de Acción Cívica humanitaria”, bajo el considerando ” de contribuir al desarrollo social de la zona (Región Ayacucho) y mejorar el entrenamiento combinado conjunto de unidades militares de los Estados Unidos y del Perú.”
Con fecha del 22 de mayo, el Diario El Peruano publica la Resolución Legislativa Nº 29234, que autoriza el “ingreso al territorio nacional de personal militar de los Estados Unidos de América entre el 23 de mayo y el 10 de septiembre de 2008 como máximo, en forma rotativa…..” de 111 militares con 111 armas (rifles, pistolas, mg). Entre los militares autorizados a ingresar por esta Resolución Legislativa, son nuevamente incluidos 21 militares, que fueran ya autorizados a ingresar “sin armas” el 13 de mayo, por el ministro de defensa., bajo el argumento que ” no irroga gasto alguno al Estado peruano..…será íntegramente financiado por los Estados Unidos”. En subsiguientes fechas, este mismo ministerio da las respectivas autorizaciones para el ingreso “sin armas” de 158 militares (20 junio), 27 militares (27junio) y 213 militares (11julio).
Cuando se debatía esta resolución en el Congreso, la presidenta de la Comisión de Defensa, Mercedes Cabanillas, manifestó su aprobación diciendo “que no habría unidades de combate estadounidenses, que las armas reglamentarias que ingresarían al país —que eran de bajo calibre— serían almacenadas bajo la custodia de personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas del Perú y que de ninguna manera se trataba de la instalación de una base militar”.
Para el ministro de defensa y parlamentaria Cabanillas, estos vendrían a realizar “ejercicios de footing” en las alturas de nuestros andes, gastando miles o millones de dólares, con la condición de dejar “almacenadas bajo custodia sus armas”, argumento que en un inicio puede parecer jocoso, pero resultó indignante para toda la nación, en particular para el pueblo de Ayacucho, que rechazó la presencia de la tropa USA con el paro del 9 de julio.
Lo evidente es que el Ministerio de Defensa está “jugando en pared” con el Congreso de la República, con el objetivo convertir al país en territorio de ejercicios militares de la tropa de los Estados Unidos. Uno autoriza el ingreso de personal militar sin armas, el otro autoriza el ingreso de las armas.
Destaca aquí el rol de Antero Flores Araoz, quien fue embajador del Perú en la OEA por un año, periodo en que fue adoctrinado en la llamada lucha contra el “narcoterrorismo”, eufemismo de matriz norteamericana utilizado en la instrumentación del Plan Colombia y el Plan México. En el Perú, Flores Araoz es el operativo de esta doctrina. Es el impulsor de las acciones militares en el VRAE, valles en los que se siembra la hoja de coca. A su vez, comanda las acciones conjuntas con Colombia en el río Putumayo esto es, el involucramiento del Perú en el Plan Colombia.
Es la persona que no escatima esfuerzos en salir como portavoz del gobierno, rechazando el ofrecimiento del gobierno alemán para construir un Museo de la Memoria, el cual albergaría la exposición Yuyanapaq (Para Recordar). Muy acorde a su pensar racista y neo fascista, no escatima en comparar al ciudadano de los andes con las “las llamas y vicuñas” y por otro lado declarar que “tenemos que bregar para que, en el futuro, no llegue el antisistema”.
Aeródromo, base antinarcóticos, criminalización de la protesta social, persecución de dirigentes políticos y “chuponeo”.
Quien fuera comandante general del ejército hasta el año pasado, informó que estaba coordinando con los Estados Unidos para la construcción de un aeródromo en Pichari, Ayacucho, zona que comprende a los valles Apurimac y Ene - VRAE, valles en donde se siembra la hoja de coca y a su vez, son una vía de ingreso a la selva del centro del Perú. Las precisiones y aclare a esta declaración no se dejaron esperar.
Al día siguiente, la presidenta de la comisión de defensa del Congreso, Mercedes Cabanillas, nos dice que “solicitará información por escrito al Ministro de Defensa sobre el proyecto” y la vocera de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Bárbara Rocha confirma que “ como parte de su programa corriente ,…asistirá al ministerio en la realización de obras de actualización de una instalación militar peruana...para “ayudar a cubrir la necesidades de nuestros militares construyendo una clínica médica y mejoras de la infraestructura de la instalación (militar)”.
A los pocos días el que fuera jefe de la Quinta Brigada de Montaña del Cusco, hoy Comandante General del Ejército Gral, Jorge Carcovich Cortelezzi declara “que se está evaluando permitir la instalación de tropas norteamericanas en las zonas más pobres de la Ciudad Imperial “.
En febrero de este año, el defenestrado ministro del interior Remigio Hernani, nos anuncia que se construirá una base antidroga en Piura, al norte del Perú, por lo que se estaría buscando “apoyo externo para poder hacer esta base. Nosotros no tenemos presupuesto pero hay que buscar iniciativas que nos permitan conseguir esto”. La base estaría relativamente cerca al puerto de Salaverry, La Libertad, puerto de destino para Reabastecimiento de combustible y descanso de la tripulación de los navíos de los Estados Unidos.
La criminalización de la protesta social no ha estado ajena al gobierno aprista. El 2008 se han expedido decretos legislativos que amplían el plazo de detención preventiva violando la libertad individual y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable (DL 983); permitir a los policías y militares usar libremente sus armas contra manifestantes, causar muertes y lesiones y no responder por ello (DL 982); detener sin mandato judicial, actuar sin presencia del fiscal y sin que éste pueda evaluar la legalidad de dichas diligencias (DL 989).
Acorde con estos dispositivos, cuando retornaban de Quito, se detuvo a 7 participantes del congreso de la Coordinadora Continental Bolivariana (CCB); se inicia la “casería de bruja” contra la llamadas Casa del Alba y se hace “hablar“, en coordinación con Colombia , a la computadora de Raúl Reyes, disponiendo la captura de 13 dirigentes nacionales de izquierda, quienes no fueron capturados , gracias al la denuncia que hiciera el diario La Primera. Y para coronar la faena, lo que en un inicio parecía ser interceptación telefónica entre empresas del petróleo, ahora resulta ser una tercerización de servicios de inteligencia de la marina a cargo de Business Track SAC, empresa con indicios de ser auspiciada por la CIA..
ILEA
Desde el 2002, el Departamento de Estado de los EEUU, ha estado negociando con el gobierno de Toledo la implementación de International Law Enforcement Academies (ILEAs). Pero es el gobierno aprista quien formaliza el establecimiento Centro Regional de Capacitación para el Cumplimiento de la Ley (ILEA), en Mayo de 2008, regularizando y formalizando así, las actividades que se venían realizando desde el 2006 en las instalaciones del Casino Club de la Policía, en La Molina, Lima, bajo el considerando de “mejorar la capacitación y formación de personal especializado peruano y de La región en la lucha contra la delincuencia organizada, el narcotráfico y el terrorismo internacional”.
Para el Departamento de Estado de los Estados Unidos el “Centro Regional de Capacitación (RTC) es una planta asociada a la red mundial de ILEAs , no se identifica como "ILEA Lima", pero opera bajo la bandera de la ILEA en América Latina. Un no-residente del Programa designado por el Administrador de Gobierno de los Estados Unidos es responsable de todos los aspectos del programa. La RTC ofrece cursos avanzados especializados (1-2 semanas) a un nivel de control público de los agentes de policía, fiscales y funcionarios judiciales sobre la base de las necesidades específicas adaptadas a las circunstancias particulares de los países andinos y del Cono Sur regiones Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay”.
El propósito de esta academia para los Estados Unidos es “mejorar la coordinación, fomentar la cooperación y en su caso, facilitar la armonización de las actividades de aplicación de la ley dentro de las regiones, de forma compatible con los intereses de los EE.UU.”. En cambio para el reverendo Roy Bourgeois, promotor de la campaña por el cierre de la Escuela de las Américas, “el papel de esta escuela (ILEA) es el mismo diseño que el de la Escuela para las Américas, que antes estuvo en Panamá y ahora está en Fort Benning, Georgia, Estados Unidos, y es para proteger los intereses de los Estados Unidos. La International Law Enforcement Academy (ILEA), es un obstáculo para la democracia, un obstáculo para los derechos humanos, su papel, como lo fue el de las Escuela para las Américas durante muchos años, es para controlar al pueblo”.
Perú, enclave norteamericano
La decisión soberana del Ecuador de cerrar la base de Manta, tiene como correlato, no el traslado de esta base al Perú, sino que el Perú se constituya en una base de Plataforma Militar Multiuso al servicio de Estados Unidos. También que Colombia formalice el uso libre de sus bases aéreas para la aviación norteamericana. Ahora, son dos las cabeceras de playa en Sudamérica al servicio de los intereses de los Estados Unidos.
Las acciones y medidas descritas anteriormente, son parte de un engranaje que es posible sólo si se cuenta con el beneplácito del gobierno de turno. En el Perú, el gobierno aprista de Alan García compite con Álvaro Uribe, en quien es más servil.
Modificar y adecuar la legislación nacional, criminalizando la protesta social e instalar la ILEA en el Perú, son las caras de una misma moneda: reprimir y sentenciar al pueblo y dirigentes.
Abrir nuestros puertos para el Reabastecimiento de combustible y descanso de la tripulación, es darle albergue a la IV Flota de los Estados Unidos. Convertir el territorio patrio en campo de ejercicios de la tropa norteamericana, es atentar contra la unidad sudamericana. Y consentir el ingreso de comandos de entrenamiento, apunta contra la lucha social y política del pueblo peruano. Abastecer con mercenarios en Irak y recibir 4 millones de dólares del Departamento de Estado por destacar un batallón militar en Haití, sólo demuestra que ambos actos son iguales: una acción mercenaria.
La Estrategia Militar Nacional de 1977, norteamericana, demandaba acceso al aire y mar, por que “nuestras fuerzas necesitan acceso a infraestructura de apoyo en EEUU y en el exterior para proyectar nuestro poder en tiempos de crisis”. El Perú le ha brindado sus aires, mar y territorio. Esto incluye sus riquezas naturales, la biodiversidad, minerales y el agua. Y todo, gracias a la matriz “narcoterrorismo”, que permite a los Estados Unidos ingresar, operar y quedarse en el país anfitrión. Y todo por que eso le conviene a la “política estratégica norteamericana”, según Alan García.
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* Acción Internacional CONADES-PERÚ
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