CAOI / Mariátegui
Foto: La República
27/04/10
Denuncian criminalización de dirigentes del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Cocrachacra. Población retomará la lucha con apoyo de toda la Región Arequipa si se incumplen los acuerdos de la Mesa de Diálogo.
Si no se cumplen los acuerdos del diálogo acordados el martes 20 de abril entre las organizaciones de Islay y las autoridades del gobierno en torno al Proyecto Minero Tía María a cargo de Southern Perú, la población retomará la lucha y para ello cuenta con el compromiso firmado de apoyo de cuatro alcaldes provinciales de Arequipa, anunció hoy en conferencia de prensa José Julio Gutiérrez Zevallos, integrante del Frente de Defensa del Medio Ambiente del distrito de Cocrachacra.
El martes 20 de abril, en el séptimo día de paralización de la provincia de Islay, una comisión del gobierno encabezada por el Presidente del Consejo de Ministros Javier Velásquez Quesquén dialogó con los representantes de la población y autoridades locales y regionales. El principal acuerdo fue suspender el proyecto Tía María por noventa días para revisar el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa minera.
José Julio Gutiérrez denunció que tres dirigentes de Islay, incluido él mismo, han sido denunciados por el delito de apología y dos de ellos están con orden de captura. Los acusaron falsamente de perifonear a la población para que lleven palos y machetes a las movilizaciones y la toma de la carretera Panamericana Sur.
Dijo que diariamente quince mil personas participaban en esa toma y cerca de tres mil pernoctaban en la carretera. Denunció también que los policías enviados a la zona estaban en “condiciones infrahumanas” y la población compartió sus alimentos de las ollas comunes con estos efectivos. En total fueron enviados 3,500 policías.
“Democracia no es reprimir al pueblo, es indispensable una política de prevención de conflictos y que el gobierno respete nuestro derecho a la libre determinación, a elegir nuestro modelo de desarrollo y a vivir en paz, derechos reconocidos por la Constitución y las normas legales”, subrayó el dirigente.
Denunció asimismo que en la zona de ingreso por Matarani la policía desalojó violentamente a los manifestantes, ingresando incluso a los domicilios para realizar detenciones indiscriminadas.
Entre los acuerdos alcanzados ayer, precisó José Julio Gutiérrez, está el compromiso del gobierno regional de Arequipa de declarar intangibles las aguas subterráneas y superficiales de la cuenca del Valle del Tambo y el llamado a un concurso público por el gobierno central y el gobierno regional antes de noventa días para construir una represa.
En dicho plazo, explicó el representante del Frente de Defensa, las organizaciones de Islay prepararán las pruebas de inviabilidad social, económica, cultural y ambiental del proyecto minero Tía María.
Respaldo total
Por su parte, Magdiel Carrión Pintado, vicepresidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) reiteró el total respaldo de esta organización a la lucha de la población de Islay en defensa de sus derechos territoriales y a decidir su propio modelo de desarrollo.
Señaló que es responsabilidad del Estado cumplir con el Convenio 169 de la OIT y dejar de otorgar concesiones mineras sin consultar a la población, como establece este tratado internacional. Recordó la consulta ciudadana realizada en la provincia de Islay el 27 de septiembre del 2009, en la que el 98% de la población dijo no a la minería.
“El gobierno tiene por costumbre esperar a que se agudicen los conflictos y estallen las protestas para recién llamar a mesas de diálogo. Y, peor aun, incumple los acuerdos que se toman en esas mesas”, dijo el dirigente nacional de CONACAMI.
De la misma opinión fue Manuel Jugo, director de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), quien indicó que producto de esta actitud ya hay 14 muertes producto de la represión en lo que va del 2010 y suman 42 desde el inicio del gobierno de Alan García Pérez.
Luis Isarra, secretario de defensa de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) también expresó el respaldo de la central sindical a la lucha de Islay, exigió respeto a los resultados de la consulta ciudadana del 2009 en esa provincia y el cese de la criminalización de la protesta en el Perú, así como el cumplimiento de los acuerdos de las mesas de diálogo por parte del gobierno.
Concesiones indiscriminadas
El especialista en temas mineros José de Echave dijo que Islay es la provincia que tiene más concesiones mineras en Arequipa. “El 55.8% de su territorio está concesionado y dentro de ella, el distrito de Cocrachacra tiene el 62.5% de su territorio concesionado a diez empresas mineras”, precisó.
Indicó que el Estudio de Impacto Ambiental de Southern proyectaba extraer aguas subterráneas del río Tambo a razón de 224 litros por segundo y construir cuatro pozos de abastecimiento y dos de reserva. Este estudio no incluye un balance hídrico ni un análisis de los efectos del cambio climático en esa cuenca, una de las principales de Arequipa.
Finalmente, denunció el interés concertado del gobierno y las empresas mineras para presentar las audiencias públicas como procesos de consulta ciudadana. Estas audiencias se convocan con poco tiempo de anticipación, presentan estudios de impacto ambiental en lenguajes técnicos incomprensibles y no tienen efecto vinculante, pues el Ministerio de Energía y Minas no está obligado a tomar en cuenta las observaciones de la población.
CAOI - Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas
Comentarios