Expediente fue devuelto a la Fiscalía por graves errores procesales.
Mariátegui
19/04/11
La Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Ancash, Perú, declaró nula la acusación fiscal contra los 18 defensores de la Madre de Tierra de esta región, por graves errores procesales: los cargos no están individualizados, la acusación carece de argumentos técnicos y no está sustentada con pruebas.
Los líderes indígenas, que estaban acusados por delitos graves que podrían haberles significado hasta 30 años de pena privativa de la libertad, acudieron la mañana de hoy a la primera sesión del juicio oral, en la que lograron desbaratar la acusación presentada por Marco Leopoldo de la Cruz Espejo, Fiscal Superior de la Primera Fiscalía Superior Mixta. El expediente fue devuelto a la Fiscalía, que deberá reformular su acusación y sustentarla con pruebas y argumentos técnicos.
La audiencia se realizó con el marco de una movilización de más de cuatro mil personas que llegaron hasta la Plaza de Armas de Huaraz, capital de la región Ancash, para expresar su solidaridad con los líderes indígenas y exigir el cese de la judicialización de la protesta.
Los hechos se remontan al año 2007, cuando las comunidades de la zona se movilizaron hasta el cerro Condorhuain, ubicado en la comunidad campesina de Paccha, para protestar contra la explotación minera en dicho cerro que es considerado un lugar sagrado por los indígenas y donde están las fuentes de agua indispensables para sus actividades de subsistencia (agricultura) y para su propio consumo.
Es allí donde la empresa minera Barrick Misquichilca ha solicitado una concesión que afectaría a más de ochenta ojos de agua. Las comunidades de la zona no han sido consultadas, como lo ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y las actividades mineras impactarían gravemente contra la cantidad y calidad del agua.
Los líderes indígenas estaban acusados de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves, contra la libertad y secuestro, contra el patrimonio en la modalidad de daños graves, y contra los medios de transportes y comunicaciones y otros servicios públicos en agravio del Estado. Con las observaciones a esta acusación, el delito más grave, de secuestro, queda desestimado.
Mientras miles de comuneros y pueblo en general se movilizaban en Huaraz, desde Lima dirigentes de las organizaciones indígenas nacionales de Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú, reunidos en un encuentro organizado por la CAOI, emitieron un comunicado en el que expresaron su solidaridad con los acusados, demandaron el archivamiento del juicio y exigieron el cese de la criminalización de los pueblos indígenas, sus organizaciones y sus líderes en el Perú y toda la región Andina.
Relación de acusados:
1. Carmen Rosa Shuan vega.
2. Basilio Baldomero Lázaro Barreto.
3. Teodoro Víctor Rodríguez Lauret.
4. Alejandro Vargas Coral.
5. Luciano Bernardo Caushi Torres.
6. Antonio Flores Urbano.
7. Paula Macedo Guerrero.
8. Raúl Peller Ángeles Mejía.
9. Vicente Castromonte Sánchez.
10. Antonio Mariano Carrillo Sánchez.
11. Américo Róger Sánchez Bolívar.
12. Eugenio Vicente Gonzles Sánchez.
13. Cosme Haro López.
14. Macario Rufino Santos Guerrero.
15. Clotilde Paulina Araucano Bobadilla.
16. Humberto Teófilo Ramírez Nieves.
17. Eustaquia Miranda de Zambrano.
18. Abraham Yauri Miranda.
Lima, 19 de abril del 2011.
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - CAOI
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