Mariátegui
15/04/11
La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI PERU) expresa su solidaridad con los hermanos dirigentes y líderes comunales de Ancash que vienen afrontando un juicio por su decidida defensa de sus derechos a la vida y a un medio ambiente saludable.
Como se sabe en el año 2007 las comunidades se movilizaron hasta el cerro Condorwain para protestar contra la explotación minera en ese lugar, la cual pone en riesgo el abastecimiento de agua para el consumo humano y las actividades productivas de subsistencia que se realizan en la zona.
En el Condorwain existen al menos 80 ojos de agua, lo mismos que son utilizados para el consumo humano, el agro y la ganadería, razones por las que el inicio de la actividad minera terminaría siendo perjudicial a los cerca de 15 mil pobladores que viven en las cercanías.
Dentro de este contexto de manifestación social por la defensa del Cerro Condorwain, surgen las denuncias penales por parte de personas relacionadas a la Empresa Minera Barrick Misquichilca contra los dirigentes defensores de la vida y la Madre Tierra.
Este 19 de de abril debe iniciarse las audiencias de estos procesos por ello exigimos que se archiven de inmediato las denuncias contra nuestros hermanos defensores de la vida y el medio ambiente.
Igualmente hacemos un llamado a las demás organizaciones regionales de nuestra CONACAMI PERU para que se pronuncien solidaricen y rechacen la criminalización de los líderes y dirigentes comunales de Ancash.
Llamamos a las organizaciones e instituciones defensoras de los derechos que velen por que este procesos se desarrolle respetando los derechos de nuestros hermanos y que no se cometa ningún atropello contra ellos.
Lima, 15 de abril de 2011
CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL
CONACAMI PERU
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¡Defendamos la libertad de los defensores de la Madre Tierra!
Dieciocho líderes indígenas son procesados penalmente, acusados de graves delitos, por defender los derechos de sus comunidades en Ancash, Perú.
El martes 19 de abril, 18 líderes indígenas de Ancash, Perú, deberán acudir ante la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de esa región para responder por supuestos delitos que los exponen a penas de hasta treinta años de cárcel, solo por participar en una movilización en defensa de sus territorios y fuentes de agua contra la imposición de la actividad minera que vulnera sus derechos colectivos.
Los hechos se remontan al año 2007, cuando las comunidades de la zona se movilizaron hasta el cerro Condorhuain, ubicado en la comunidad campesina de Paccha, para protestar contra la explotación minera en dicho cerro que es considerado un lugar sagrado por los indígenas y donde están las fuentes de agua indispensables para sus actividades de subsistencia (agricultura) y para su propio consumo.
Es allí donde la empresa minera Barrick Misquichilca ha solicitado una concesión que afectaría a más de ochenta ojos de agua. Las comunidades de la zona no han sido consultadas, como lo ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y las actividades mineras impactarían gravemente contra la cantidad y calidad del agua.
Los líderes indígenas implicados en el proceso son acusados de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves, contra la libertad y secuestro, contra el patrimonio en la modalidad de daños graves, y contra los medios de transportes y comunicaciones y otros servicios públicos en agravio del Estado.
Durante su movilización realizada el 11 de abril del 2007, los comuneros bloquearon la carretera Palmira –Santo Toribio a la altura del centro poblado de Pongor, en un tramo de doscientos metros. Y al llegar al cerro Condorhuain retuvieron a un grupo de personas por espacio de seis horas. Todo esto en el legítimo ejercicio de su derecho a la protesta contra la vulneración de los derechos de sus comunidades y de la Madre Tierra.
Este es uno de los cientos de casos de judicialización de la protesta en el Perú, donde el gobierno de Alan García Pérez emite decretos legislativos que penalizan los derechos humanos y colectivos reconocidos en instrumentos internacionales de los cuales el Perú es Estado Parte, en su afán de continuar profundizando el modelo neoliberal extractivista.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI llama a la comunidad internacional, en particular a los organismos defensores de derechos humanos como Amnistía Internacional, a pronunciarse contra este atropello y defender la vida y la libertad de los defensores de la Madre Tierra y de los derechos de los pueblos indígenas.
Relación de procesados:
1. Carmen Rosa Shuan vega.
2. Basilio Baldomero Lázaro Barreto.
3. Teodoro Víctor Rodríguez Lauret.
4. Alejandro Vargas Coral.
5. Luciano Bernardo Caushi Torres.
6. Antonio Flores Urbano.
7. Paula Macedo Guerrero.
8. Raúl Peller Ángeles Mejía.
9. Vicente Castromonte Sánchez.
10. Antonio Mariano Carrillo Sánchez.
11. Américo Róger Sánchez Bolívar.
12. Eugenio Vicente Gonzles Sánchez.
13. Cosme Haro López.
14. Macario Rufino Santos Guerrero.
15. Clotilde Paulina Araucano Bobadilla.
16. Humberto Teófilo Ramírez Nieves.
17. Eustaquia Miranda de Zambrano.
18. Abraham Yauri Miranda.
Lima, 15 de abril del 2011.
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - CAOI
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