Mariátegui
Foto: Servindi.org
06/02/12
La Ley de Consulta Previa es en los últimos años el tema de debate más importante para nuestro país, aunque sus aprobación fue una de las primeras medidas del actual gobierno de Ollanta Humala, esta no ha satisfecho a los pueblos indígenas y a otras comunidades que no lo son y que también sufren los daños de las empresas extractivas.
La imposición de proyectos petroleros y sobre todo mineros por parte del Estado y de las trasnacionales sin consulta previa a los pueblos han provocado mucha resistencia, conflictos sociales y tragedias como la masacre de Bagua (2009) o la actual rebelión del pueblo de Cajamarca en defensa del agua contra el proyecto Minas Conga.
Para debatir la implementación y reglamentación de la Ley de Consulta Previa, organizaciones e instituciones como el Pacto de unidad, Derecho Ambiente y Recursos Naturales - DAR, Chirapac y la Rainfoirest Foundation organizaron el Foro Público Aspectos Críticos para la Implemenetación del Derecho a la Consulta Previa en el Perú: mejorando la democracia y el desarrollo.
Moderado por Rosemarie Ávila, Coordinadora del Programa Social Indígena de DAR, el Foro tuvo la participación de dirigentes indígenas, investigadores y congresistas de la República.
El Convenio 169 es la garantía principal para los pueblos indígenas
Bartolomé Clavero. Investigador. Experto en derecho de los pueblos indígenas.
Tema: La Consulta desde el Derecho Internacional.
En un contexto en el que el Perú se ha comprometido a respetar el derecho internacional, es decir el Convenio 169 de la OIT y el Derecho de los pUeblos Indígenas de las Naciones Unidas. Clavero afirma: "El Convenio 169 es una norma fundamental, es la garantía principal para los pueblos indígenas. Tierra, territorio, recursos, cultura. Por eso la Consulta es la garantía de sus derechos".
Para Bartolomé Calvero el Convenio 169 no es una norma directriz que necesita otras normas, el mismo la regula. "El Estado no va a decir quienes son los pueblos indìgenas. Consulta es alcanzar un consentimiento o diálogo, compromiso entre culturas distintas. El Estado está obligado a garantizar la Ley de Consulta, no las empresas. Si hubieran realizado la Consulta en la Amazonía, no hubiesen ocurrido hechos como el de Bagua".
En todo aquello donde no se pronuncia la ley, -afirma Clavero- está el Convenio 169 que declara a Pueblos Indígenas para decidir sobre sus polìticas, sobre su desarrollo, con la participación de los pueblos indígenas. Si la ley no dice, es que el Convenio debe ser directamente aplicable.
Sin embargo, el investigador Clavero cuestiona la reglamentación que se está realizando para la aprobada Ley de Consulta Previa en el actual gobierno. "El reglamento actúa como si el Convenio no existiese. El reglamento interpreta como si la Ley de Consulta fuera autónoma y no sería parte de una ley más amplia como la 169.
Señala como ejemplo que la Ley General del Ambiente choca con el Convenio 169. "El reglamento dice que la Ley General del Medio Ambiente apruebe esa sin consulta a los pueblos indígenas. El reglamento permite que la consulta no se realice, que la empresa privada llegue a acuerdos con los pueblos indígenas".
El investigador asegura que el Convenio 169 dice que el Estado es garante de los pueblos indígenas. "Las empresas no pueden tratar directamente con pueblos indígenas, comunidades reciben presión de todo tipo.
Los derechos indígenas son también derechos humanos como la libertad de expresión.
Oscar Espinoza. Antropólogo. Profesor e investigador de la PUCP - Pontificia Universidad Católica del Perú.
Tema: La consulta Previa para los Pueblos Indígenas como un elemento de democracia.
Según Oscar Espinoza el Estado-Nación ya no funciona. Por eso la
Ley de Consulta Previa es un encuentro de espacios de diálogo, en un Estado autoritario por historia, excluyente y discriminatorio.
"No se puede entender la Ley de Consulta Previa sino se introduce el racismo en el debate. Es un debate de lógicas diferentes, porque para los funcionarios es un trámite administrativo, funciona con una lógica administrativa burocrática".
Espinoza resaltó la ausencia de un Manual de Funciones de la Ley de Consulta Previa.
La lógica de las empresas -afirma Espinoza- es reducir costos, maximizar beneficios, acelerar otros procesos. "Tomar decisiones en la vida de las comunidades, toma tiempo. La lógica de la empresa es acelerar la implementación del prouyecto. En comunidades rurales son complicadas, no se va al lugar de la población, porque también existen intereses de la población local o comunidades rurales".
El investigador de la PUCP afirma que la Ley de Consulta es un instrumento de negociación para defender sus intereses, estos intereses no son siempre homogéneos. "Los derechos indígenas son también derechos humanos como la libertad de expresión. Hay derechos que algunos defienden más rápidamente que otros. El problema es la institucionalidad del Estado para con los pueblos indígenas".
Ley de Consulta se aprobó por la presión y la lucha de los pueblos indígenas
Verónica Mendoza. Congresista de Gana Perú. Presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos del Congreso de la República.
Tema: La Consulta en el proceso legislativo
Como representante del Poder Legislativo Verónica Mendoza reconoció que La Ley de Consulta se aprobó en este gobierno por la presión y la lucha de los pueblos y las comunidades indígenas.
La legisladora pidió el apoyo de las organizaciones indígenas para hacer incidencia en el Congreso sobre la Ley de Consulta Previa y los derechos de los pueblos indígenas.
"Nos comprometemos a presentar este proyecto de ley para que la reglamentación sea consultada con los pueblos indígenas" señaló.
Exigimos la creación de una Comisión de la Verdad de la minería a partir de 1990
Magdiel Carrión Pintado. Presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería - CONACAMI, organización que forma parte del Pacto de Unidad.
Tema: La Consulta desde la perspectiva indígena.
El dirigente comunero de la sierra de Piura resaltó que la aprobación de la Ley de Consulta no es un regalo del gobierno sino una exigencia de los pueblos.
Asimismo, señaló algunos puntos de la Ley de Consulta con los queno está de acuerdo. "Nosotros consideramos que el artículo 6 se debe rectificar, porque algunos pueblos no están identificados como pueblos indígenas, pero siguen viviendo y teniendo nuestros problemas de la tierra y el agua. Y en el artículo 15 dice que el Estado va a tomar la decisión".
Para Magdiel Carrión, señaló que para ellos como pueblos sus derechos principales están planteados. "Nuestros principios no son negociables, como la salud, la educación y vivir en armonía con la naturaleza. Esto lo hemos planteado a la Comisión Multisectorial y a la Presidencia del Consejo de Ministros, para bajo estos principios reglamentar la norma.
"Cuando hablamos de participación nuestra en la Comisión Multisectorial (que trabaja en la reglamentación de la Ley de Consulta Previa) por consenso y no por mayoría, es porque los representantes de los ministerios son más que los de las organizaciones que formamos parte del Pacto de Unidad y la CONAP. Pero de todas maneras seguiremos impulsando para que salga de la mejor manera".
Carrión aseguró que en Cajamarca después de 19 años de explotación y contaminación minera los pueblos ya no quieren minería. "Exigimos la creación de una Comisión de la Verdad de la minería desde 1990 para adelante" finalizó.
Gobierno está mirando a los pueblos indígenas como un mercado.
Daysi Zapata, Vicepresidenta de AIDESEP.
Tema: La Consulta desde la perspectiva indígena.
La representante de los pueblos amazónicos señala su disconformidad
con la interpretación de la Ley de Consulta por parte del gobierno, "El gobierno está mirando a los pueblos indígenas como un mercado. Tampoco no hay buena fe por parte del Estado, porque los funcionarios del INDEPA, dicen "indígenas les gusta los viajes, se les compra con eso". Y eso no es así. "Queremos un diálogo con el Estado, que el presidente Ollanta Humala lo piense bien".
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