Proponen Red Jurídica Regional de Fiscales para investigar violaciones de derechos humanos de Operación Cóndor



Mariátegui
06/04/13


Al diputado nacional Remo Carlotto,
Congreso Nacional, Buenos Aires.


Apreciado Remo. Van sinceras felicitaciones por el hecho de  impulsar la creación de la Red jurídica  regional  de Fiscales  para investigar los delitos de violaciones de derechos humanos en el marco de la OPERACIÓN CONDOR (Argentina, Brasil, Bolivia ,,Chile, Paraguay y Uruguay) con el apoyo del Juez español Baltasar Garzón.  . A este propósito te hago llegar la nota del 28 de diciembre de 2012  que hemos remitido al Fiscal General del Estado de Paraguay .El silencio ha sido  la respuesta. Ojala que este nuevo Fiscal asuma su responsabilidad a partir  de su integración a la necesaria Red jurídica regional.


Va un fuerte abrazo. MARTIN




                                                  Asunción, 28  de diciembre de 2012.
Señor:
Fiscal General del Estado
Dr. Francisco Javier Diaz Verón
ASUNCION
ASUNTO:  CELEBRACION DEL 20º ANIVERSARIO DEL DESCUBRIMIENTO DEL ARCHIVO DEL TERROR .
                        LAS ANTIGUAS DEUDAS DE  LA DEMOCRACIA: el Derecho a la Verdad, la Justicia y la Reparación.
La Constitución Nacional que rige desde junio del 1992, a través de su artículo 135 que consagra la figura jurídica del HABEAS DATA,  me permitió  el descubrimiento de los archivos  de la policía política el 22 de diciembre de 1992 en el Departamento de Producciones de la Policía en Lambaré. La acción se concretó  con la intervención  del Juez Penal Dr. José Agustín Fernández y de la  prensa nacional e internacional. Toneladas de documentos fueron depositados en el Palacio de Justicia y en ellos, se encuentran las pruebas contundentes del Terrorismo de Estado que llevó a cabo durante 35 años, la dictadura cívico-militar encabezada por Alfredo  Stroessner.

Preceden al descubrimiento  15 años de paciente investigación. Los documentos encontrados confirmaron los crímenes de lesa humanidad cometidos por los dictadores  de Paraguay, Argentina ,Brasil, Bolivia, Chile y Uruguay ( OPERACIÓN CONDOR). Asumimos como un logro histórico, la utilización  de esas  piezas documentales  para los procesos llevados a cabo por los tribunales de España, Argentina, Uruguay, Suiza, Italia, Francia y Chile,  que han  llegado a sentencias y a la aplicación de las penas.

En Paraguay, con la oportunidad excepcional que brinda la disponibilidad de archivos cuidados, digitalizados y ordenados para facilitar la investigación judicial,  sin embargo, no han sido utilizados para iniciar nuevos procesos o atender los que ya están en curso desde el inicio de la democracia. Por el contrario, en algunos casos, las víctimas se han visto obligadas a recurrir a la Corte Interamericana de Justicia, donde sí, han logrado sentencias.

Resulta paradójico, que estos archivos, hayan sido considerados desde el primer momento, como un acontecimiento histórico mundial que ha provocado múltiples publicaciones internacionales que se actualizan permanentemente  hasta hoy. En 2009, la Organización de las Naciones Unidas a través de su agencia especializada, la UNESCO, le asignaron la categoría de MEMORIA DEL MUNDO, por ello tampoco encontramos explicación a la falta de interés y de actuación fiscal.

El 28 de agosto del 2008, la  Comisión de Verdad y Justicia(CVJ), creada por la Ley 2.225, entregó a los Poderes del Estado, el Informe Final con sus respectivas Conclusiones y Recomendaciones, fruto de cuatro años de trabajo en todo el país y en países vecinos. El Presidente Fernando Lugo, pidió perdón en nombre del Estado Nacional y declaró de interés nacional mediante el decreto 1875/09.

Pese a todo ello, el aparato de la Impunidad se consolidó y los sectores que anteriormente habían sido perseguidos, como los pueblos originarios y el campesinado, ahora se los reprime y condena a través de actualizadas estrategias de la Guerra Fría, la criminalización de la protesta indígena, campesina y urbana marginal.

Destacados y antiguos  funcionarios y represores de la dictadura Stronista pasaron en la etapa democrática desde 1989, sin problema alguno, a ser funcionarios del Estado . Tampoco fueron  investigados  los personeros de la dictadura que actuaban a través de las seccionales del partido “kolorado” gobernante durante la dictadura. Documentos, libros, testimonios pusieron hace ya demasiado tiempo, al descubierto la función de espionaje y delación y hasta de represión como fuerzas parapoliciales, que cumplieron algunas seccionales. Basta recordar a  Ramon Aquino, moderador de la Universidad Católica. Tampoco fueron investigados esa corporación mafiosa de políticos corruptos, salvo raras excepciones , atornillados en el Congreso Nacional que legislan sólo en beneficio propio y ahora en un gesto de sublime estupidez, establecen que se los trate de HONORABLES en el marco de una constitución republicana.

El incumplimiento de las recomendaciones de la CVJ contradice la esencia misma de un régimen democrático que debe caracterizarse por la defensa y promoción de los Derechos Humanos y por la sanción judicial a los que violaron  esos Derechos.

El  TERRORISMO DE ESTADO paraguayo lleva impresa las huellas digitales de Alfredo Stroessner y de sus secuaces. Hoy como ayer,  los fiscales, jueces, policías y militares arremeten contra  los defensores de los derechos humanos en vez de escucharlos y protegerlos. Dejamos solos a los campesinos e indígenas forzándolos a que se defiendan con las armas que no tienen y los  recursos políticos y económicos de los que carecen. En este significativo aniversario,  venimos otra vez a reclamar, ¿Qué pasó en CURUGUATY? .Formulamos esta pregunta porque su  Informe Oficial no goza de credibilidad.

Además preguntamos y reclamamos al MINISTERIO PUBLICO ,¿los motivos que lo llevan a apartarse del mandato de la Constitución Nacional, Pactos y Tratados Internacionales incorporados  al sistema jurídico paraguayo? ¿por qué no vela por el respeto de los derechos y garantías constitucionales? ¿Por qué no promovió  acción penal pública para defender el patrimonio público en el caso de CURUGUATY, donde las 2.000 hectáreas pertenecían al Estado y no al apropiador empresario Stronista Blas N. Riquelme? ¿Por qué no defiende el ambiente y permite la expansión de los cultivos e industrias contaminantes y nefastas para la salud ?.

Como Usted bien lo sabe Señor Fiscal General,  todas estas funciones y tareas fueron asignadas por la Constitución Nacional a través de su  Art.268. Se trata de los DEBERES DEL MINISTERIO PÚBLICO, que lejos de ofender a la ciudadanía con sus bloques de cemento, debe encontrar la forma de trabajar diaria y aceleradamente para cumplir con la Constitución Nacional.

La Fiscalía paraguaya  no ha tenido el inconveniente de leyes de punto final o amnistías, como ocurrió  en otros países, y  aunque ya pasaron estos veinte años de ineficacia y dejadez, puede aún cambiar el rumbo y evitar la creciente crispación social. Dedicar sus energías a cumplir con su mandato y a saldar las deudas de la democracia.

Responsabilizamos a la Fiscalía General por el hecho de no investigar las responsabilidades que tuvieron  el general Alfredo Stroessner, cómplices  y encubridores civiles ,militares y policiales .Acusamos a la Fiscalía por el delito de encubrimiento que facilitó en consecuencia el andamiaje de la IMPUNIDAD. Realmente, es una vergüenza que la Fiscalía General calló durante 23 años de democracia  tantas atrocidades a pesar de las recomendaciones de la COMISION DE VERDAD Y JUSTICIA y las pruebas obrantes en el ARCHIVO DEL TERROR.

Reclamamos también que los criminales de lesa humanidad sean juzgados y condenados y que cumplan sus penas en cárceles comunes, sin privilegios especiales.  Destacamos que hasta la fecha tenemos un solo ex funcionario civil procesado, el ex cónsul de Posadas, Francisco Ortiz Tellez y un solo militar condenado el general  Ramon Duarte Vera, ex Jefe de Policía de Stroessner, que aun no pisó la Penitenciaria Nacional. El 25 de mayo de 1989 promoví la acción criminal contra Stroessner, Montanaro, Pastor  Coronel, Britez Borges y otros por el asesinato de mi esposa y  mi propia tortura.  Por falta de impulso procesal de la Fiscalía el expediente  continua en  la trama de la IMPUNIDAD que permite a los ex represores eludir su juzgamiento .En este sentido llamo la atención la conducta delictuosa de la Fiscala Fatima Britos que encajonó por varios años el expediente  de Antonio Campos Alum,en jefe de la Técnica, Centro de tortura.

Al cumplirse este vigésimo aniversario el sistema judicial debe ser coherente en todos sus componentes y si el Archivo desde el primer momento fue una dependencia de la Corte Suprema de Justicia, son los integrantes de ese mismo poder, el mayor beneficiado para encontrar los elementos probatorios de tantos crímenes impunes. El Archivo que encontramos se llama oficialmente CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. No obstante la Fiscalía no ha contribuido a  la lucha contra la IMPUNIDAD por pereza o ineptitud. 

Los dictámenes  de la misma,  son siempre favorables a los genocidas, salvo raras excepciones. Quedaron impunes Alfredo Stroessner y su familia, sus cómplices  y encubridores  civiles, empresariales, militares y policiales.  Hechos como éstos, re-victimizan continuamente a todas las personas que fuimos víctimas de la dictadura, ofenden la memoria de los ejecutados y de los detenidos desaparecidos.

Actualmente, los familiares de los  militares y civiles obsecuentes de la dictadura controlan los tres poderes del Estado que ofende la  MEMORIA y el sufrimiento de quienes lo padecieron.

Reclamo hoy que se recupere la dirección de las buenas acciones que se destacan a continuación:

· La misión llevada a cabo con el Poder Judicial de la Argentina, a través del Juez Penal Gustavo  Santander Dans para aportar pruebas instrumentales para fortalecer la batalla jurídica contra el TERRORISMO DE ESTADO en América Latina, muchos de los cuáles tienen hoy, sentencia firme. Corresponde señalar que gestioné esta misión durante años con la oposición férrea del fiscal Edgar Sánchez hasta que la Corte Suprema de Justicia, en la presidencia del Dr. Bonifacio Ríos, ordenó la misión. Según el Informe Final de la CVJ, hay más de un centenar de ciudadanos y ciudadanas paraguayas detenidos desaparecidos en la Argentina. Un número elevado  de latinoamericanos, figuran desaparecidos en Paraguay.

El país y América Latina debieran de saber sobre los contenidos del ARCHIVO DEL TERROR de las manos de los Fiscales responsables de los DD.HH. 

La  lucha contra la impunidad, por la verdad, la justicia y la reparación, no encara una problemática centrada en una mera revisión del pasado. Aborda cuestiones de importancia capital para el presente y el futuro del país. Está planteada la recuperación de las aspiraciones hacia un Estado gobernado por la ley y no por la arbitrariedad, un Estado capaz de erradicar la impunidad y su cortejo de efectos perversos. No estamos de acuerdo con la política de mano dura y tolerancia cero sino con  la firmeza de la Ley.

El objetivo de esta carta  es no sólo para mantener viva la MEMORIA de un acontecimiento histórico para el mundo, una contribución sin precedentes que tuvimos, la oportunidad de concretar en Paraguay,  sino para reafirmar nuestro reclamo de justicia. Nuestra lucha no es solo judicial sino contra el poder de la dictadura que todavía está enquistado en el aparato Estado y fundamentalmente para prevenir la instalación silenciosa o pública de nuevos y sofisticados sistemas de Terrorismo de Estado.

Al no recibir respuesta favorable a nuestro petitorio estamos dispuestos hacer uso del Art.225 de la Constitución Nacional que establece  el Juicio Político  al Fiscal General  por mal desempeño de sus funciones.. Agotaremos todas las instancia a nivel nacional para recurrir luego  a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su calidad de garante que debe responder por las violaciones que se dan a los Derechos Humanos en Paraguay, es decir responder por la escandalosa IMPUNIDAD reinante en esta democracia de fachada.    
Le saludamos con nuestra más alta y distinguida consideración.


                                      DR. MARTIN  ALMADA
                 DESCUBRIDOR DEL ARCHIVO DEL TERROR
PREMIO NOBEL ALTERNATIVO DE LA PAZ 2002
MIEMBRO DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA ASOCIACION AMERICANA DE JURISTAS (AAJ).


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