Mariátegui
13/05/14
Los compromisos que asumió el gobierno ante la Cumbre Agraria implican un avance para el movimiento popular. El desafío es, ahora, mantener la unidad social y política entre los distintos sectores movilizados.
El decreto número 870 "por el cual se regula un espacio de interlocución y participación con las organizaciones de la Cumbre Agraria" establece una serie de compromisos de parte del gobierno, que fue tomado por los voceros del espacio como una "primera victoria de la unidad agraria, campesina, étnica, afro y popular en Colombia". Se espera que para esta semana, la Mesa Única Nacional entre Cumbre y gobierno se instale formalmente con la presencia del presidente de la República. Pero tan importante como los resultados concretos, es la valoración del proceso de unidad, que no estuvo exento de dificultades.
La Cumbre Agraria surgió como necesidad unitaria después del Paro de 2013. Aquellas protestas habían sido más masivas y contundentes que las de esta vez, pero también más fragmentadas. La represión no paró las protestas: se contabilizaron 14 manifestantes asesinados durante el paro anterior y múltiples violaciones a los DDHH en éste. Pero, en combinación con los palos y disparos, el gobierno apeló además a su habilidad política para cooptar y dividir. El Pacto Agrario surgió entonces como iniciativa oficial que, si bien no entusiasmó a los sectores organizados, sí coptó a campesinos de base. Aún sin dejarse enredar por el Pacto Agrario, los sectores organizados habían establecido en 2013 distintas gestiones con el Estado, distintas Mesas de negociación, y eso se vio como debilidad: el gobierno fue desactivando conflictos por regiones, por sectores, debilitando al conjunto. Y después, incumplió.
Despliegue multisectorial y nacional
Para subsanar la dispersión surgieron las cumbres. "Pre-Cumbres" en las regiones a partir de diciembre, y la "Cumbre Agraria, Campesina, Étnica, Afro y Popular" en el mes de marzo de este año. Los movimientos y sectores que gestaron ese proceso son los mismos que aún sostienen el espacio unitario, y no son pocos. El siguiente repaso da un indicio de la fuerza real y el despliegue nacional que alcanzó la Cumbre en el Paro actual:
El Coordinador Nacional Agrario -CNA- se expresó desde el primer día en Arauca (Saravena, Tame, Arauca capital); en Norte de Santander (Catatumbo, Cúcuta, Berlín); Santander; Casanare (Yopal, Upamena, Aguazul, Chatre); Boyacá (Belén); Meta (Villavicencio); Cesar (Cesar, Aguachica); Cauca y Valle. Los sectores urbanos y estudiantiles del Congreso de los Pueblos se mostraron especialmente activos en las universidades nacionales y en ciudades como Medellín, Cali, Popayán y Bogotá.
Marcha Patriótica, la Mesa de Interlocución y Acuerdo -MIA-, la Asociación de Zonas de Reserva Campesina -Anzorc-, la Federación Nacional Sindical Agropecuaria -Fensuagro- y la Mesa de Unidad Agraria -MUA- fueron sumando sus bases con los días, y aportaron movilizaciones en Catatumbo, Meta, Barrancabermeja, Antioquia, Arauca y Huila.
La Organización Nacional Indígena -ONIC-, la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales -Comosoc- y el Proceso de Comunidades Negras -PCN- sumaron sus expresiones sectoriales a distintos puntos de movilización en sus regiones.
Otro de los logros de la Cumbre fue la incorporación activa de sectores populares urbanos, no sólo en apoyo solidario a los campesinos sino sumando exigencias sectoriales propias al pliego unitario. Cacerolazos, "semaforiadas", tomas, manifestaciones estudiantiles e importantes marchas en las principales ciudades del país ampliaron el repertorio de la protesta. También lo hicieron transportistas y comerciantes, allí donde articularon con sectores urbanos organizados.
Por último, y por fuera de la Cumbre, se expresó el movimiento Las Dignidades, con un alto perfil mediático y una compleja realidad interna de divisiones y tensiones que aún habrá que ver cómo decantará. Expresando a un sector importante del campesinado, este espacio fue el único que prefirió no sumarse a la Cumbre, y mantener su propia negociación, hoy paralizada. En el comunicado oficial de la Cumbre Agraria se hizo una especial mención de solidaridad hacia este espacio y un llamado a que el gobierno atienda sus reclamos, ya que en algunas regiones aún sostienen la movilización.
Tensiones bien resueltas
"Valorar el reconocimiento de la diferencia para ver qué nos une y poder avanzar juntos", había sintetizado el dirigente del CNA, Robert Daza, durante la realización de la Cumbre en marzo pasado. El espacio, a su interior, tiene diferencias (sectoriales, políticas) que esta vez fueron bien llevadas, y consolidaron el proceso de unidad. Tal vez la situación más incómoda se haya dado cuando una de las voceras de Marcha Patriótica, Piedad Córdoba, llamó a las organizaciones a no movilizarse porque "no es momento para paros". Es sabido que la coyuntura electoral someterá al presidente Santos a una complicada reelección, y algunos dirigentes priorizan la estabilidad de las negociaciones de Paz con el actual gobierno ante todo. Aún así, sectores de su mismo espacio aportaron a la movilización, mantuvieron una presencia permanente y protagónica en la Mesa Única de Negociación con el gobierno, a la par del CNA y el Congreso de los Pueblos. Las protestas tampoco fueron todo lo fuerte que se esperaba de parte de los procesos indígenas y afro, que aún así se mantuvieron leales al espacio unitario, consolidando la Cumbre Agraria más allá de las diferencias.
En este positivo balance unitario reside uno de los puntos salientes de la fortaleza no sólo de este Paro, sino de las próximas instancias de lucha a futuro, que no faltarán.
El decreto y la Mesa Única Nacional: cómo sigue
La interlocución formal con el gobierno, reconocida mediante decreto presidencial, no es un dato menor: implica un valioso reconocimiento a la Cumbre Agraria como actor político en la definición de la políticas públicas para el agro colombiano.
El decreto en cuestión define quiénes serán los miembros del gobierno que tendrán la responsabilidad de atender los reclamos populares. Establece también la creación de Mesas Regionales, con un cronograma que deberá aprobar la Mesa Nacional para evitar la dispersión de gestiones, una de las preocupaciones de los voceros agrarios. El texto manifiesta el compromiso expreso por parte del gobierno de "respetar los derechos otorgados en la Constitución a los participantes y voceros de la Cumbre Agraria", en un reconocimiento implícito de que esto, hasta ahora, no sucedía.
Frente al tema de Derechos Humanos y Garantías se resolvió crear un Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas –CERREM- para los campesinos, donde se tratará las problemáticas de violación de derechos humanos y se discutirá la adopción de medidas políticas, jurídicas y materiales para su protección.
A la vez se acordó el acompañamiento de los campesinos movilizados por parte de miembros de las Naciones Unidas como medida de protección. Éstos cumplirán una agenda de visitas a la regiones y reuniones con las organizaciones sociales para recibir denuncias y quejas por violación a los DDHH, punto que, en principio, había sido resistido por el plantel oficial hasta que los propios miembros de la ONU amenazaron con abandonar las gestiones si el gobierno no accedía a esta verificación.
En cuanto a solución de las problemáticas económicas del campesinado, se acordó la creación de un Fondo para el Fortalecimiento de la Economía Campesina, que dispondrá de un volúmen de recursos cercano a lo que solicitaban las organizaciones.
Por último, se diseñó una ruta metodológica para abordar la discusión de los demás temas del pliego.
Los delegados, voceros y voceras de la Cumbre Agraria se mostraban optimistas con estos resultados, aunque saben que se trata, apenas, de un paso más en un arduo camino de reclamos que incluirán nuevas luchas, y el desafío estratégico de mantener la unidad.
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