Mariátegui
24/08/14
Por Agustín Bontempo. Ante el accionar de distintos grupos empresariales, como Lear, Donnelley, Tatsa-Emfer, y el esfuerzo del Gobierno por acordar con ellos, nos preguntamos: ¿la única salida es pensar siempre en los empresarios?
En el marco de la crisis económica a nivel internacional, en Argentina estamos discutiendo las presiones de los fondos buitres, así como también el sospechoso accionar de diferentes multinacionales, como Lear y Donnelley, o los conflictos con los trabajadores de TATSA-EMFER. En este contexto, el esfuerzo del gobierno nacional es por acordar con estos grupos empresarios, siempre en función de las condiciones de los trabajadores, mientras gran parte de la oposición teme que las patronales se asusten, dejen de invertir y se vayan. Y nos preguntamos: ¿La única salida es pensar siempre en los empresarios?
Comencemos por contextualizar a grandes rasgos cada uno de los conflictos mencionados, como muestra de otros tantos que existen y de antesala a situaciones que se vislumbran con, por ejemplo, las automotrices. El primer caso es Lear. Después de 15 días de cerrada y ante la incertidumbre sobre su futuro, la fábrica reabrió sus puertas y permitió el ingreso de todo el personal, incluidos los delegados gremiales que habían sido desplazados de sus cargos, pero que la justicia falló en varias oportunidades a su favor.
Por supuesto, aún no se discuten las reincorporaciones de los obreros despedidos. El cinismo con el que se manejan todos los Aparatos Ideológicos de Estado, retomando el concepto de Lois Althusser, se ve con claridad. El gobierno nacional y provincial defendiendo a la patronal con todas las fuerzas represivas a su disposición. El SMATA, vanguardia de la burocracia sindical, llama a una asamblea que tiene como bandera la ilegitimidad. El objetivo es simple: revocar al cuerpo de delegados combativos e imponer a sus pequeños burócratas.
El segundo caso, y tal vez el más mediático, es el de la imprenta Donnelley. De un momento a otro, y a pesar de los millones de pesos de ganancias, los empresarios propietarios de la firma denunciaron la quiebra y, por lo tanto, su imposibilidad de pagar deudas, sueldos, etcétera. En fabulosas 72 horas, la Ley de Quiebras que por el año 2002 le salvara el pellejo a Clarín hoy lo hace con la multinacional y muestra su carácter patronal en toda su dimensión. Ante el inminente cierre ocurren dos cosas: Por un lado, los trabajadores y trabajadoras tomaron la decisión de mantener de manera autogestiva la producción. Por el otro lado, el gobierno denuncia manejos fraudulentos y se debate, entre dudas y errores, que si Ley Antiterrorista, que si quiebra fraudulenta.
Cristina Fernandez de Kirchner anunció lo primero, Alejandro Vanoli, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), corrigió hacia lo segundo. A pesar de sostener una pequeña deuda con la AFIP, en su discurso del 14 de agosto pasado, la presidenta advirtió que se denunciaría la sospechosa quiebra y se aseguraría que la empresa se mantenga funcionando y garantizando los puestos de trabajo. Ni expropiación sin pago, mucho menos empresarios presos (la Ley Antiterrorista, aprobada en su momento por las presiones del GAFI para estar “insertos” en la economía mundial, sigue en pie solo para el pueblo trabajador). Tampoco se ve la posibilidad de declarar de “utilidad pública” a la imprenta para así poder estatizarla y, por qué no, ponerla en mano de sus trabajadores, como ya funciona Zanon o el Bauen.
Finalmente, tenemos los casos de Emfer y Tatsa, fábricas que pertenecen al grupo Cirigliano, ex propietario de TBA. En la época que el negocio era redondo (previo a la masacre de once que dejó 51 muertos), cuando las fábricas reparaban y fabricaban trenes con subsidios del Estado para luego ponerlos a funcionar en su propia empresa, las cosas marchaban bien. Sin embargo, cuando Cirigliano pierde TBA y es investigado por aquella masacre, sumado a que la modernización de los trenes que viene de la mano de los acuerdos con China, la crisis financiera del grupo recayó sobre los trabajadores. Baja en la producción, deterioro de las condiciones de trabajo, incertidumbre laboral. Más de 400 trabajadores tienen una demanda de tareas que representa el 5% de su capacidad. El reclamo es simple: estatizar las empresas, impulsar la industria nacional desde allí y por ese camino garantizar los puestos de trabajo.
Si bien los conflictos gozan de sustanciales diferencias, tienen varias particularidades que los unen. En primer lugar, el rol de la clase trabajadora. La lucha, la resistencia, la demanda por la garantía de los puestos laborales. En segundo lugar, la patronal que se mueve con toda comodidad y disfruta de las leyes hechas a su medida. Nótese que el caso más grave lo vive Donnelley y en esta disputa buitrera, el fin es el mismo. Resolver la situación para que la empresa siga. Y seguir es mantener sus niveles de ganancia más allá de la incertidumbre laboral. Los medios masivos (gubernamentales y privados), sumado al rol de algunos economistas de cotillón que representan la clase más parasitaria y reaccionaria del liberalismo de la mano de la oposición gorila, presentan la dicotomía como empresa-gobierno, los malos y los buenos, la estabilidad para los inversores o la defensa de los trabajadores. Pero no vemos en estos medios ni en estos personajes una salida concreta al conflicto, donde los dueños de la empresa dejen de ganar y se abra la tercera vía, la de la autogestión.
Ya veníamos hablando en otras oportunidades sobre cómo los grandes medios, el gobierno (provincial y nacional), la oposición de derecha y la burocracia sindical, estaban en una misma sintonía en defensa del statu quo vigente. También destacamos el rol de los trabajadores y las trabajadoras, en unidad y en lucha. Pero a este cruce de discursos presidenciales, de opiniones simplistas, de actos demagógicos y de prácticas traicioneras, es bueno sumar la opinión de Mario Wainfeld, uno de los periodistas más destacados del momento, el 18 de agosto en el programa Duro de Domar. Literalmente, dijo que “el capitalismo es un sistema cruel, es un sistema explotador y le da margen a las empresas para hacer cosas tremendas”.
Si esto es así, más que discutir estos casos puntuales como podrían haber sido otros, deberíamos plantearnos si es necesario profundizar el capitalismo en serio, si es acertado aprobar leyes ante la presión de los organismos financieros internacionales, si es realmente bueno que bancos y empresarios hayan ganado como nunca antes en la historia, tal como afirmara Cristina Fernández o, como dice la oposición reaccionaria, darle garantías a las inversiones privadas y extranjeras; o si, por el contrario, es menester avanzar en un modelo económico que rompa con el sostenimiento de estos sectores, con garantías o pagos de deudas usureras, y que se comience a darle más lugar a estos intentos por profundizar una economía realmente nacional, con participación de los trabajadores, trabajadoras y del Estado.
Por el momento, solo vemos que el problema surge por los reclamos de los trabajadores, los cortes de rutas, las infracciones legales por tomar la fábrica, etcétera. Poco se dice de cómo los empresarios provocaron esta situación y más bien se piensa en cómo tener empresarios “buenos” y con garantías claras. Sin duda, es un debate más amplio y largo pero que claramente es la cuna de todos estos conflictos.
http://www.marcha.org.ar
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