Perú. La máscara de la responsabilidad corporativa


Jan Lust / Mariátegui
25/11/14


El problema de la responsabilidad social corporativa de las empresas mineras es un tema que está empezando a ser ampliamente discutido en la literatura sobre las industrias extractivas. Sin embargo, en lugar de investigar el significado político, económico y social de la responsabilidad social corporativa para la promoción de los intereses del capital minero, la literatura aborda este tema como la contribución de las empresas mineras al desarrollo sostenible.

Los proyectos de responsabilidad social corporativa de las empresas mineras en el Perú comenzaron a desarrollarse cuando surgieron las protestas contra las operaciones de estas empresas. El aumento de la conciencia política de las comunidades afectadas por la minería expuso el carácter destructivo de las empresas mineras y las obligó a tomar medidas. Por ejemplo, en respuesta a la formación de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería en 1999, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía creó un Comité de Asuntos Sociales con el objetivo de hacer frente a estos conflictos. 

Los programas de responsabilidad social corporativa de las empresas revelan mucho sobre la naturaleza de una empresa capitalista. Y si bien es cierto que estos programas pueden aliviar los problemas de la población, estos no son sus objetivos. Los programas de responsabilidad social corporativa ocultan las verdaderas cuestiones en juego y son parte, en el caso de las empresas mineras, de todos aquellos mecanismos que tienen por propósito establecer y legitimar el modelo extractivo y desmantelar los conflictos que causa la presencia y las operaciones del capital extractivo. Estos programas desempeñan también un papel estratégico en la creación de apoyo para sus actividades  y son herramientas para dividir a la oposición en contra de la empresa.

La responsabilidad social corporativa desaparece como la nieve ante el sol cuando las empresas están en problemas. Por ejemplo, durante la Convención Minera Perumin 31 en septiembre de 2013, José Picasso, presidente de minera Volcan, decía que la minería en el Perú atraviesa una preocupante coyuntura. Según Picasso, la producción estaba cayendo hace años debido a la conflictividad social, los retrasos en la aprobación de los permisos ambientales, la ley de consulta previa y la pesada carga tributaria minera, que “es más alta que la de Chile y Canadá”. Y al final de septiembre de 2013, el presidente ejecutivo de la minera estadounidense Newmont empezó a chantajear al Gobierno peruano al decir que la empresa, a partir de 2015, reconsideraría su proyecto aurífero Conga de unos 5.000 millones de dólares en Perú, tras las elecciones municipales y regionales en octubre de 2014.

La responsabilidad social corporativa tiene sus límites cuando los intereses corporativos están en juego. Por ejemplo, el Consejo Internacional de Minería y Metales, una organización de 22 empresas mineras y metales más importantes en el mundo y 32 asociaciones mineras nacionales y regionales y asociaciones de commodities globales, escribió en 2013 lo siguiente en su documento “Minería responsable en el Perú”: “Se cree que los últimos conflictos en torno a proyectos mineros específicos se tornarán más violentos. La resistencia está bien organizada, algunas veces politizada, y se han enfocado en bloqueos inmediatos en lugar de protestas más pacíficas. Se sospecha que el crimen organizado ha participado cada vez más en el financiamiento de protestas violentas”. (i)

Los programas de responsabilidad social corporativa de las empresas transnacionales son apoyados por los gobiernos de sus países de origen y las instituciones multilaterales del imperialismo. Por ejemplo, desde el 2008, el proyecto de Reducción de la Pobreza y Alivio, patrocinado por la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) y de varias empresas mineras, está tratando de “aliviar las tensiones en las proximidades de las minas”. En 2009, el gobierno canadiense adoptó una estrategia de responsabilidad social corporativa para su sector extractivo internacional, con el objetivo de mejorar la ventaja competitiva de sus empresas extractivas mediante la mejora de su capacidad para gestionar los riesgos sociales y ambientales. En el 2011, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo inició un proyecto para promover la mediación y el diálogo entre los actores en los conflictos mineros.

El capitalismo no sería capitalismo si no tenía también la intención de mercantilizar la responsabilidad social corporativa. Los mercados financieros han creado clasificaciones e índices de varios tipos para medir y recompensar el impacto positivo de las estrategias eficaces para la responsabilidad corporativa en el valor de una empresa. Los índices Dow Jones Sustainability y FTSE4Good proporcionan puntos de referencia y transables para los inversores socialmente responsables. Además, la Organización Internacional de Normalización (ISO) ofrece una certificación para sistemas de gestión ambiental de las empresas y otras organizaciones (ISO 14001). Es curioso saber que la minera Yanacocha en Cajamarca (Proyecto Conga) fue la primera compañía minera en recibir esta certificación en el 2008, para todos los aspectos de la mina. 

Todo lo expuesto arriba nos lleva a una pregunta esencial: ¿Cuándo sacaremos la máscara de la responsabilidad social corporativa iniciando una batalla nacional para otro modelo de desarrollo y en servicio de las grandes mayorías, usando todos los métodos que están a nuestro alcance y los que consideramos adecuados dado la correlación de fuerzas de clase y la hegemonía de la ideología neoliberal en nuestro país?

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(i)   Esta opinión fue compartida por el gobierno peruano. En una entrevista con La República en enero de 2014 Vladimiro Huaroc, Alto Comisionado de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros, dijo lo siguiente acerca de las protestas contra la minería en el departamento de Cajamarca: “Hay distritos en Celendín, San Ignacio, donde no se puede entrar. Por supuesto que el Estado puede ingresar, pero eso significa desplazar tropa y eso no queremos. Tenemos información y evidencias de que en toda esa zona hay narcotráfico, Naciones Unidas lo ha demostrado. Son las rutas del opio. Aparentemente aquí hay una mezcla muy extraña entre las rondas y sectores del narcotráfico. Por eso a ellos no les interesa dialogar”.

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