Revista Mariátegui *
28/04/21
En tan solo un año, nueve defensores ambientales han sido asesinados en Perú, siete de ellos, líderes indígenas que perdieron la vida por enfrentarse a actividades ilegales como el narcotráfico, la tala ilegal, el tráfico de tierras, la minería ilegal, y la deforestación de sus bosques en la Amazonía.
Pese a las restricción de la emergencia sanitaria por el Covid-19 en Perú, las amenazas para los defensores ambientales continúan. La más reciente denuncia es del 25 de abril, hecha por Berlín Diquez, presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali (Orau), quien informó que cuatro líderes indígenas se encuentran siendo amenazados por el narcotráfico.
Uno de ellos es Elmer Gonzales, agente municipal de la comunidad nativa de Sinchi Roca, en Ucayali, quien fue amenazado el pasado viernes 23 de abril por presuntos narcos, quienes no solo incendiaron su vivienda, sino también le dejaron un mensaje: “Soy colombiano, quiero mi carga. Gracias, Elmer”.
También fue amenazado el comunero Fredy Yaycate Pinedo, quien fue hallado torturado tras permanecer varios días secuestrado, ahora se debate entre la vida y la muerte, así lo informó el diario La República. Pero, eso no es todo, pues hace una semana desapareció Atilio Bonzano, de la comunidad nativa de Puerto Nuevo II. Asimismo, Roky Vera Esteban, de la comunidad de Sinchi Roca, también ha recibido amenazas de muerte.
Todos los defensores amenazados son la etnia cacataibo, la misma a la que pertenecían los líderes indígenas asesinados en febrero de este año, Herasmo García Grau y Yenes Ríos Bonzano.
Berlín Diquez señaló estar cansado de solicitar una reunión multisectorial para abordar esta problemática, que ha cobrado la vida de 14 defensores. “El Estado es indolente frente a lo que estamos pasando. Mientras nosotros acatamos las medidas del Gobierno por la pandemia, estos ilegales siguen avanzando con sus ambiciones en territorios de comunidades tituladas y otras no tituladas”, agrega.
Amenazas en Condorcanqui
La situación se repite en la parte nororiental de la Amazonía, en El Cenepa (Condorcanqui, Amazonas) donde desde enero de 2021 se ha notificado de amenazas a la integridad de tres líderes indígenas de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), por parte de mineros ilegales.
¿Nuevo mecanismo de protección?
Tres días antes de esta nueva denuncia de amenazas a defensores, el 22 de abril, Día de la Tierra, el Gobierno Peruano emitió el Decreto Supremo Nº 004-2021-JUS, que crea el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, constituido por “principios, medidas y procedimientos que buscan garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de las personas defensoras de derechos humanos frente a las situaciones de riesgo que se presenten como consecuencia de sus actividades”.
En ese sentido, conversamos con la abogada Siu Lang Carrillo de CooperAcción, sobre este nuevo mecanismo que busca proteger a los defensores.
“Este decreto deroga y amplía la RS 0159-2019-JUS del 2019 y establece un procedimiento propio, define mejor las medidas de protección que ya estaba en la norma anterior, como la evacuación de la persona en riesgo, la protección policial, también cuando no está en riesgo directamente la vida de la persona, pero sí hay riesgos de derechos, la viabilidad para enviar patrullas policiales, asistencia legal, visitas, visas especiales, así como apoyo consular”.
Señaló también que este mecanismo “establece una posibilidad de presentar un recurso de reconsideración en caso las medidas de protección presentadas sean denegadas, y los recursos puedan ser revisados”.
En el caso concreto de Odecofroc indicó que “con este mecanismo se puede solicitar una medida urgente de protección porque está en riesgo la vida, allí hay dos opciones o evacuarlos a otra zona, o darles protección policial, y en ambos casos el Estado debe asumir el financiamiento”.
¿El nuevo mecanismo puede frenar estas amenazas?
Para la abogada Siu Lang, un gran desafío es la implementación del mecanismo, porque es muy difícil implementar estas medidas en zonas donde no hay policías, como en el Cenepa, donde un puesto está a dos horas en bote, o donde ni siquiera hay policías en Santa María de Nieva.
“Si las cosas se ponen muy graves, el Estado tendrá que mandar personal policial o financiar la salida de estos defensores lo cual es difícil porque la mayoría de los líderes tienen su familia, trabajo en estas zonas, lo más probable es que se pueda hacer la vigilancia policial en la zona, pero también difícil porque no hay suficientes policías, pero lo bueno es que está la norma y en caso extremo van a tener que hacerlo”, agrega.
Señala que el mecanismo no es una solución al problema sino un “paliativo, pues la solución está en combatir al narcotráfico y actividades ilegales, y se necesita activación de todos los sectores y por períodos más largos de tiempo, coordinación, presupuesto, promover otro tipo de cultivos, tener un Poder Judicial que funcione y procese a quienes están haciendo las actividades ilegales, sin eso no se puede disminuir actividades como el narcotráfico ni la minería ilegal”.
En tanto, el abogado de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Miguel Jugo, indicó a Diario Uno, que solo en 2020 han muerto 9 defensores ambientales a manos de diversas mafias dedicadas a comercios ilegales. “Todas las víctimas tienen como característica común la desprotección de un Estado al que parece no le compete ejercer su defensa. Los protocolos que se organizan no son suficientes para afrontar los verdaderos peligros a los que se enfrentan los defensores”, acotó.
Mientras tanto, las amenazas a la vida de los defensores y defensoras ambientales de la Amazonía continúan, sus luchas por defender su territorio de actividades ilegales se suma a tener que enfrentarse a una pandemia. Los pedidos de las organizaciones indígenas parece no calar en la agenda del gobierno, ni en las propuestas de los candidatos presidenciales de la segunda vuelta que incluso han prometido promover actividades que ponen en riesgo el ambiente en los territorios indígenas, como la minería.
* Vigilante Amazónico | Foto: Aidesep
Comentarios