Mariátegui
02/06/11
El procurador público adjunto especializado en Asuntos de Orden Público del Ministerio del Interior, Jorge Julca Ramirez, interpuso el pasado 30 de mayo ante el Ministerio Público de Puno, una denuncia contra varios dirigentes, alcaldes y personas por los hechos causados tras la paralización protagonizada por los pobladores de la zona sur de la región.
En la denuncian que presenta Los Andes, figuran nombres como el del presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur de Puno, Walter Aduviri Calizaya y otros dirigentes.
Entre ellos figuran Domingo Choquecota Quispe, Edwin Condori Chipana, Gilver Chura Yupanqui, Benjamín Choque, Patricio Illacutipa Illacutipa, José Chambilla Musaja, Santiago Lina Alave, Carmelo Machaca Loza, Héctor Gabriel Luna Tapia, Rufino Machaca Quinto y Ernesto Chura Yupanqui.
Asimismo, figuran en la denuncia Javier Pari Sarmiento, presidente del Frente de Defensa de los intereses de Desaguadero, Pablo Salas Charca, miembro del CONACAMI Lampa, José Cupi Claros, dirigente aymara de la Unión de Comunidades Aymaras.
En la misma denuncian se encuentran también Efraín Condori Ramos, secretario general del SUTE en Puno, Guido Vélez Carita, presidente del Frente de Organizaciones Populares de Puno. A su vez se encuentran comprendidos en esta denuncia el decano del Colegio de Abogados de Puno, Lino Aranzamendi Ninacondor.
A su vez la denuncia alcanza a los alcaldes provinciales de Yunguyo, Walker Chalco Rondón, alcalde de Chucuito-Juli, Juan Aguilar Olivera y los alcaldes distritales de Pomata; Agustín Quispe Galindo; de Desaguadero, Juan Carlos Aquino Condori; de Pilcuyo, David Quille Gómez; de Zepita, Ricardo Felipe Jiménez Castillo; de Copani, Aureliano Alejo Calisaya.
Los consejeros provinciales por Chucuito - Juli, José Cormilluni Quispe y por Yunguyo, Alex Flores Zevallos, así como el dirigente Wilsón Quispe Mendoza se encuentran comprendidos dentro de la denuncia.
Todos los anteriormente mencionados, según señala la denuncia, son imputados y tendrían la calidad de autores materiales e instigadores de la presunta comisión de los delitos Contra el Patrimonio en la modalidad de Extorsión.
Delito Contra los Medios de Transporte, Comunicaciones y otros Servicios Públicos, en la modalidad de Entorpecimiento al Funcionamiento de Servicios Públicos, contra la Tranquilidad Pública en la modalidad de Disturbios y Apología.
Así como el presunto delito contra el Derecho al Sufragio en la Modalidad de Perturbación violenta del proceso electoral, suscitados en Yunguyo y Juli y los distritos de Desaguadero, así como en la ciudad de Puno, en agravio del Estado peruano y el Ministerio del Interior, señala el documento.
DETALLES
El numeral 9 del documento sindica a los alcaldes de Yunguyo, Juli, Desaguadero, Pilcuyo, Zepita y Copani como denunciados por el delito contra el Patrimonio en la modalidad de Extorsión, así como contra la Seguridad Pública en la modalidad de Entorpecimiento al Funcionamiento de Servicios Públicos. Esto debido a que estos en su calidad de funcionarios públicos habrían tenido participación activa en la huelga indefinida contraviniendo el Artículo 42 de la Constitución Política del Perú.
El decano del Colegio de Abogados, Lino Aranzamendi Ninacondor fue denunciado por el delito Contra el Orden Público en la modalidad de Apología debido a un artículo publicado en Los Andes, donde elogia y glorifica las acciones violentas desatadas por esta huelga.
Asimismo, denuncian bajo el título de inducción criminal a los dirigentes entre ellos Walter Aduviri Calisaya, Rufino Machaca Quinto, Javier Pari Sarmiento, Guido Vélez Carita y los alcaldes de Yunguyo, Chucuito-Juli, Pomata, Desaguadero, Pilcuyo, Zepita Copani y los consejeros regionales por Chucuito y Yunguyo quienes en su calidad de dirigentes y funcionarios públicos azuzaron a la población a la comisión de actos violentos contra la seguridad pública en el seno del paro indefinido convocado en el sur.
Walter Aduviri además figura denunciado por el delito Contra el Derecho de Sufragio en la modalidad de Perturbación violenta del proceso electoral, debido a que manifestó a varios medios de comunicación que si en caso no se eliminasen todas las concesiones mineras en la región no se realizarían las elecciones en Puno. La denuncia asimismo adjunta una serie de documentos y archivos periodísticos que prueban la comisión de los delitos.
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